Jornada sobre autodeterminación de COPINE

El 26 de junio de 2009 la Comisión para la Plena Integración de las Personas con Necesidades Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (COPINE) organizó la jornada sobre autonomía personal "La importancia de la autodeterminación de las personas con discapacidad".

La jornada se abrió con la disertación de Sue Bott, Directora del Centro Nacional de Vida Independiente del Reino Unido quien explicó con un enfoque de derechos humanos el sistema de apoyos existentes en su país.

Entre los puntos más remarcables del sistema descrito corresponde resaltar: (i) la prestación esta a cargo del estado; (ii) el estado hace transferencias individuales a los habitantes con discapacidad para que ellos determinen de qué manera realizan la contratación de los servicios de apoyo; (iii) los sistemas de financiamiento estan estructutrados en base a una división jurisdiccional equitativa con fuerte presencia de los gobiernos locales, sin perjuicio de ello existe un fondo nacional de vida independiente por gastos extraordinarios; (iv) la elección del sistema de apoyo queda en cabeza de la persona con discapacidad con independencia de la injerencia estatal, el estado garantiza la prestación y controla pero no interviene en las decisiones privadas de las personas con discapacidad; y (v) el gobierno propone una oferta de servicios bajo su financiamiento directo.

Luego de Bott, expusieron Carlos Garavelli, Director Regional para el Cono Sur de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y CIAPAT, y Alba Crespo y Araceli López, especialistas en integración de la Universidad de Salamanca.

Este grupo de segundos expositores plantearon el negocio de la asistencia personal, formas de explotación del negocio, alianzas estratégicas, importancia de la satisfacción del cliente con discapacidad, atención a los intereses del cliente con discapacidad, toma de decisiones con apoyo y concenso con familiares sobre decisiones adoptadas.

De lo escuchado en la jornada, la propuesta de COPINE pareciera ser la de establecer las condiciones de mercado del servicio de asistencia personal, suponiendo la existencia de una demanda existente no satisfecha. Esta propuesta desconoce abiertamente la situación de las personas con discapacidad y dejar abierta la prestación de este tipo de servicios a la mano invisible del mercado, abre la puerta a una serie de abusos ya registrados en otras latitudes que intentaron ese sistema.

Por otra parte, la liberalización del mercado de apoyos a personas con discapacidad presupone la existencia de una fuente de financiamiento privada acorde con la oferta, en caso contrario, nos encontrariamos con una transferencia a precios de mercado de fondos públicos a la industria de asistentes personales, lo que resulta abiertamente irrazonable.

La transferencia se materializaría considerando que el financiamiento de estas prestaciones se derivaría de la aplicación de la ley Nº 24.901. Corresponde indicar que esta ley, en su actual redacción sólo prevé la asistencia domiciliaria y que es necesaria una norma comprensiva de las necesidades tanto de personas con discapacidad intelectual, psicosocial, y sensorial como de otras discapacidades habitualmente más vinculadas a este tipo de servicios como lo es la discapacidad física. A su vez, debe extenderse el alcance a asistencia personal extradomiciliaria, apoyos terapéuticos, apoyo laboral y educativo.

Es una experiencia repetida en múltiples países que donde se han prestado servicios de apoyos a valores de mercado, su precio no se ajustó a las condiciones de oferta y demanda como cualquier otro bien.

Por todo esto, es razonable esperar que la prestación desregulada de este servicio sólo redunde en un mayor costo del servicio de apoyo, exclusión de personas con discapacidad pobres del servicio y en la falta de controles sobre las prestaciones. En consecuencia, proponemos una regulación eficaz de la actividad que permita un control cercano de las prestaciones.